Alianza para el Gobierno Abierto fija postura frente a cambios en la Ley General de Transparencia

♦ México sera sede de la Cumbre sobre transparencia sin una posición de avanzada: Alejandro González Arreola Co-Presidente de la OGP

Escucha el reporte


Descarga
AlianzaGobiernoAbierto

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) conformada por sesenta y tres países, la cual preside México se pronunció en torno a las últimas modificaciones emitidas por parte de Ejecitivo Federal Enrique Peña Nieto respecto a la Ley General de Transparencia. En un comunicado expresaron Suneeta Kaimal y Alejandro González Arreola Co-Presidentes de sociedad civil de OGP, hicieron “un llamado al Gobierno de México y al Congreso para que aprovechen la oportunidad de ratificar su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y los procesos de co-creación con la sociedad civil, tal como corresponde a su rol de liderazgo internacional en OGP”.

En entrevista con Alejandro González Arreola quien también es Director ejecutivo de GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C (México) mencionó que “estos cambios son inconsistentes cuando México al ser el presidente de la OGP será el anfitrión de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto y representaría una sede que está poniendo limitaciones en transparencia, también recordó que La Ley de Transparencia se desvirtuó después de ser un modelo internacional, pyesto que fue un proceso abierto ideológico entre sociedad civil y el senado alcanzando un consenso ante el cual el ejecutivo federal puso observaciones que ponen en riesgo los avances que se habían tenido en materia de transparencia, existiendo puntos donde se visualizan las limitantes que antepone el estado.

De acuerdo con un documento emitido por un cúmulo de organanizaciones, “la ley por mandato constitucional tenía que ser aprobada por ambas cámaras a más tardar el 7 de febrero, ya que el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo sexto constitucional establecía el plazo de un año para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos. El plazo ya venció y la iniciativa de ley sigue sin ser aprobada”.

La preocupación se centra principalmente en los ocho temas que a continuación se describen:

  1. Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información. El Artículo 208, añadido desde diciembre del 2014, incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados. La indefinición de la presunción de  “generar daño” permite numerosas  interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.
  2. La desaparición de la obligación de generar la información. La propuesta de Ley obliga a generar la información y a documentar todos los actos de los sujetos obligados. Uno de los principales problemas del actual sistema es que los sujetos obligados niegan la información adjudicando su inexistencia. Con las modificaciones propuestas, basta con que la autoridad justifique que no ejerció las facultades que la ley le atribuye para declarar la información inexistente.  En otras palabras, los sujetos obligados simplemente podrán responder  que no se documentó cualquier solicitud. La omisión de esta disposición impide que la Ley General de Transparencia efectivamente pueda concretar uno de los principales objetivos que tuvo la reforma constitucional de transparencia.

 

  1. Se limita el  acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Las propuestas de modificación ignoran disposiciones establecidas desde 2002 en la Ley Federal de Transparencia cuyo alcance ha sido desarrollado a través de criterios de la Corte y determinan que sólo se podría acceder a información de violaciones graves  o delitos de lesa humanidad, si hay un pronunciamiento previo de autoridad competente. Es decir, para que se aplique la prohibición de reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos como lo estipula el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligatorio que previamente las autoridades competentes (como la CNDH o la CIDH) hayan calificado el hecho de esta manera.

 

  1. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas. Las interpretaciones de las causales de estabilidad económica y seguridad nacional pueden ser muy amplias y por lo tanto abren la posibilidad de reservar una multitud de información. Por ejemplo, el daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimientos políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero. Asimismo se elimina la obligación de demostrar “interés legítimo” para clasificar información relacionada con seguridad nacional, lo que es contrario a los principios de Johanessburg. Además no solo se propone dejar la estabilidad económica, monetaria y financiera y la seguridad nacional como causales de reserva, sino que se añaden dos causales más como los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado y la que por disposición expresa de una ley sea considerada como tal. Esto último vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.

 

  1. Eliminación de la prueba de daño. Se elimina la obligación para los Comités de Transparencia de fundar y motivar la clasificación de la información por medio de la aplicación de la prueba de daño,.  Se ha indicado que la prueba de daño sólo se hará cuando exista un recurso de revisión, esto significa que los sujetos obligados no tendrán que valorar si el daño causado por la difusión de la información es mayor o menor que el interés público de conocerla, considerando  multiples posibilidades para negar información. Lo anterior les evita  justificar su decisión directamente a las personas a las que se les niega la información.

 

  1. Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Algunas  modificaciones al artículo 190 establecen que el Consejero Jurídico podría -a petición de cualquier sujeto obligado independientemente de si es del Ejecutivo o no- recurrir las resoluciones del IFAI ante la SCJN y los sujetos obligados tendrían que informarle en cuanto se les notificara una resolución que consideren atenta contra la seguridad nacional. Esta sería una facultad injustificada y desproporcional que implicaría dilaciones del procedimiento de acceso a la información.

 

  1. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos. Los recursos naturales como el petróleo y el gas pertenecen en dominio a la Nación, razón por la cual su explotación debe ser hecha en función del interés público, de manera transparente y con plena participación de la sociedad. Sin embargo, a partir de la Reforma Energética el gobierno está tratando de manejar esta industria bajo un régimen especial, lo que también quiere aplicar a los mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre la materia. Al tratarse de un recurso público, es necesario que en su gestión se sujete a los más amplios estándares de transparencia y acceso a la información establecidos en el artículo 6 de la Constitución y en la ley que los reglamenta. No se debe permitir un régimen especial establecido en otras leyes  que mantenga este sector en la opacidad. Además esta disposición también vulnera el principio de prevalencia de la ley de acceso y evita que la legislación sea efectiva.

 

  1. Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria. Esta disposición es contraria a los últimos avances en materia de acceso a la información en el país. El propio IFAI ha resuelto a favor de la entrega de esta información y, el año pasado, impuso una denuncia en contra del SAT que no cumplió con esta resolución. Asimismo en 2013 el Congreso reformó el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos. 

 

GESOCEl director de GESOC agregó que se puede haber especulaciones respecto a las modificaciones emitidas por el ejecutivo, sin embargo destacó el que es “inaceptable”, así mismo dijo que  elevaran el costo a las decisiones contrarias a las leyes de transparencia. Estos cambios son inconsistentes cuando México al ser el presidente de la OPN será el anfitrión de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, representaría una sede que está poniendo limitaciones.

Aún no hay nada concreto y por eso llama Alejandro González desde la Co -Presidencia de la OGP al ejecutivo federal, a Consejería Jurídica y al Senado de la República a rectificar la decisión.

También te podría gustar...