Avance pero no suficiente que la PGR atraiga el caso de Inés y Valentina: Vidulfo Rosales

Hace casi 10 años, las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano. Decidieron denunciar el crimen y no encontraron justicia en las instituciones mexicanas. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que resolvería a favor de las mujeres agredidas.

Hasta hoy el caso estaba en manos de la Procuraduria de Justicia Militar (PJM), quien ha sido, al menos, omisa y tolerante cuando los soldados violan derechos humanos. Ahora la Procuraduría General de la República (PGR) se hará cargo del caso, hecho sin precedentes en México. Escuchemos a Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica del CDHM Tlachinollan.

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Al tomar el caso de Inés y Valentina, la CIDH empleó el término “violencia Institucional Castrense”, para definir la situación que viven las comunidades indígenas en Guerrero. Vidulfo nos habla de qué significa este concepto de “Violencia Institucional Castrense”.

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Hay más casos de crímenes cometidos por el Ejército que también debe atraer la PGR. Vidulfo Rosales nos habla de ello.

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Aún no se puede decir que haya una completa impartición de Justicia, pues no hay sentencias contra los culpables.

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La defensa de las indígenas agredidas temen que la PGR exhonere finalmente a los responsables.

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