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Friday 3 July 2020
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Balance de Abel Barrera, del CDH Tlachinollan, a seis meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

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Por Geraldina Lázaro

Seis meses han pasado ya desde aquella noche del 26 de septiembre. En qué estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron prácticamente emboscados por la policía municipal de Iguala, Guerrero.

Una primera versión del sorpresivo ataque contra los estudiantes, es que se dirigían a aguarle la fiesta como se dice coloquialmente a la esposa del entonces presidente municipal de Igual José Luis Abarca durante un acto político que se llevaba a cabo en ese momento ya que la señora María de los Ángeles Pineda era la representante del DIF local y su intención era suceder a su esposo en el poder.

Para hacer un breve análisis de lo ocurrido y a medio año sin saber con exactitud el móvil del ataque desmedido, entrevistamos a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el estado de Guerrero y mencionó que para los padres de los normalistas quedó claro la falta de voluntad por parte del gobierno federal de abrir más líneas de investigación e impulsar la búsqueda con vida de sus hijos.

El abogado, comentó que “no puede quedar circunscrito un delito tan grave como la desaparición de los estudiantes a unos cuantos policías y tirar toda la culpa al crimen organizado puesto que  actuó en contubernio y bajo autoridades”.

Una de las principales demandas de los padres, es desde luego la aparición con vida de los 43. Sin embargo, en vísperas de la jornada electoral para la designación de representantes locales y distritales, los padres ha expresado su rechazo a los comicios del 7 de junio. 

En este sentido, Vidulfo Rosales, representante de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa señaló que en Guerrero hay al menos 12 candidatos vinculados al crimen organizado. Identidades que se comprometió a revelar más adelante.

De acuerdo a la declaración de Rosales, la petición de que se suspenda el proceso electoral en Guerrero es para abrir un diálogo y crear mecanismos para analizar los graves problemas de la entidad, principalmente la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios.

Actualmente. Se está realizando una campaña internacional que arrancó en Estados Unidos para visibilizar la situación que representa Ayotzinapa y que evidencia una crisis social en México respecto a la desconfianza hacia sus representantes populares hasta el día de hoy.