Beatriz Solís de AMEDI explica precedente que generó el amparo de Aristegui sobre libertad de expresión y derechos de las audiencias

♦ “Aunque la Ley Federal en Telecomunicaciones contempla las audiencias, los términos son ambiguos y fragmentados”

Escucha el reporte


Descarga
beatriz solis

La resolución que dió el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García otorga la suspensión definitiva a favor de Carmen Aristegui mediante un amparo que se intercaló contra MVS Radio por haber cancelado unilateralmente el espacio noticiosos “Primera Emisión de Noticias MV” que conducía la periodista. Esta respuesta va más allá de lo establecido, ya que para esta suspensión el derecho de las audiencias y la libertad de expresión han sido ejes fundamentales.

La Dra. Beatriz Solís fundadora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) comentó que en primer lugar el amparo presentado por la periodista Carmen Aristegui fue por haberse violentado que existe entre la emisora y la comunicadora en donde se plantea la libertad editorial “frente a esta afectación al derechos de la libertad de expresión se encuentra un fenómeno importante que habla del valor que tiene el ejercicio periodístico de Carmen (Aristegui) que es la participación y la reacción de las audiencias ante un hecho tan sorpresivo que de un día para otro nos encontramos con que ya no está al aire un referente importante de información considerado como el número uno de los noticieros”.

Es decir, que la reacción de las audiencias fue incorporada como una variable importante para una sentencia final del juicio Aristegui-MVS. A decir de la profesora de la UAM Xochimilco, que los derechos de los ciudadanos se ven violentados en sus derechos a la información, “así lo menciona el juez (Fernando Silva) que además de un conflicto contractual de la periodista con la empresa están dos derechos fundamentales la libertad de expresión de la periodista y por otro lado los derechos a la información de sus audiencias, el que eso quede asentado en la determinación de un juez sí establece un precedente para empezar a darle valor a estos derechos fundamentales y también que estén presentes en esta sentencia”.

Para la defensora de las audiencias, este derecho está como principio en la constitución que establece que un servicio público de las telecomunicaciones (radio y televisión) se tiene que instituir los mecanismos para garantizarlo.

Agregó la Dra. Beatriz Solís que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) quedó a deber precisiones y mecanismo para la defensa de los derechos de las audiencias “si bien lo establece la LFTyR en por lo menos ocho puntos entre los que incluye contar con un código de ética, un defensor de las audiencias son sólo mecanismo de autorregulación requiere de la voluntad del concesionario para hacer caso al defensor de las audiencias y para responderle.

Solís, integrante de AMEDI expresó que un derechos fundamental establecido por la constitución no debe recargarse totalmente sólo en el ámbito de la autorregulación, en todo caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones debería hacer una apelación a este aspecto de la LFTyR.

Otro aspecto ambiguo de dicha ley, se refiere a una “programación de calidad” sin emitir una definición clara de qué significa dejándolo al libre entendimiento del concesionario. Finalmente aseguró la Maestra que es ganancia reconocer el valor de audiencias y sus derechos, sin embargo son fragmentados y ambiguos.

 Descarga la LFTR_140714

Capítulo IV

De los Derechos de las Audiencias

Sección I

De los Derechos

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:

  1. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación; LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 14-07-2014
  2. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

  1. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;
  2. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;
  3. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

  1. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y
  2. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.

Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Los lineamientos que emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos.

También te podría gustar...