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Friday 27 November 2020
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Con la Ley General de Servicio Profesional Docente los maestros dejan de ser trabajadores para convertirse en «sujetos administrativos»

Escucha al Dr. Manuel Fuentes Muñiz

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El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente, disposición regulatoria de la Reforma Educativa aprobada en el mes de febrero de este mismo año. El Dr. Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral, mencionó que uno de los aspectos más graves de esta ley es que, al considerar a los docentes como sujetos administrativos, éstos perderán su calidad de trabajadores y con ello derechos laborales fundamentales.

La recién promulgada Ley es consecuencia de la reforma constitucional aprobada el 26 de febrero en la que  se modificaron sustancialmente los artículos 3° y 73 de la Carta Magna. En los artículos, quedan regulados el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros, cuestiones que eran contempladas en el artículo 123 constitucional (en el que se encuentran los principios rectores del derecho laboral). Con la mal llamada Reforma Educativa, el magisterio será regulado a partir de una especie de régimen de excepción, pues sus relaciones laborales han quedado fuera del artículo 123 constitucional.

“Lo más grave es que esta Ley viene a desconocer totalmente los derechos de los maestros en su calidad de trabajadores…prácticamente son arrancados del artículo 123 constitucional y son pasados al artículo tercero y, finalmente, con una facilidad tremenda, se rompe con el tema de la estabilidad en el empleo.”

El Dr. en Derecho también refirió que en el futuro los juicios en los que esté implicado un trabajador tendrán un carácter sumario (serán sumamente breves), con lo que su garantía de audiencia será vulnerada y, además, el patrón será también autoridad.

“De acuerdo con esta Ley, sólo el Secretario de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), serán  los únicos que podrán definir aspectos relativos a la evaluación sin la intervención de los sindicatos, de los trabajadores; sólo las ONG’s tienen posibilidades de vigilar. Todo lo que se refiere a los derechos de los trabajadores queda separado de estos espacios.” Además, “la única autoridad que  podrá interpretar las normas será el propio Secretario de Educación Pública”.

Respecto a la evaluación, el Dr. Manuel Fuentes enfatizó que los maestros disidentes han mostrado su disposición a ser evaluados y que en los 12 Foros sobre la Reforma Educativa vertieron sus propuestas al respecto, sin embargo, las mismas fueron ignoradas tanto en las reformas constitucionales como en las leyes reglamentarias. “La idea de una mejor educación, una acción más participativa de los profesores, fue ignorada”, señaló el experto en derecho laboral.

“El desconocimiento de su calidad de trabajadores realmente los deja a un lado, pareciera que fueran seres invisibles. En la Ley están sujetos a obligaciones y a sanciones pero no a ser considerados, su voz no se escucha.”

Finalmente, el Dr. Manuel Fuentes mencionó que “esta ley se aplica a todos los trabajadores no importa su antigüedad, no importan sus derechos adquiridos, viola el principio de progresividad que marca el artículo  primero de la Constitución; esta ley no es progresiva, es regresiva, es atentatoria de los derechos humanos”, debido a que quita al profesorado su calidad de trabajadores.