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Friday 25 September 2020
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Consulta en Juchitán

♦ Edmundo Del Pozo de Fundar resume las críticas de James Anaya

♦ Planteada como una observación modelo la experiencia de Juchitán anuncia violaciones a los derechos de los pueblos

♦ Bettina Cruz de la asamblea Indígena coincide con las críticas del ex relator de pueblos indígenas de la ONU

 

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En Juchitán no se ha tenido una estructura correcta de las consultas previas con base al consentimiento de las comunidades indígenas respecto a un nuevo parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, donde ya existen 24 parques eólicos.

En la implementación para llevar a cabo las reformas energéticas el gobierno federal a través de la Secretaria de energía quiere presentar dichas consultas sin información queriendo que a pesar de no contemplar el tema del consentimiento que es de vital importancia sea un modelo a seguir sin tener medidas necesarias para el funcionamiento de los parques eólicos conforme a estándares internacionales de los Derechos Humanos, dicho protocolo lo presento el equipo técnico del estado mexicano conformado por SENART, SEMARNAT, gobernación y el gobierno municipal de Juchitán.

En el marco de las consultas emitidas existen anomalías sin haber consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades indígenas. James Anaya, ex relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas fue invitado por la Secretaría de Energía para ser testigo del proceso que requiere el proyecto, se presento un documento el día 23 de febrero sobre el proceso de consulta en el cual existen transgresiones e irregularidades.

Una de las primeras irregularidades es que existe un proceso político desarrollado al mismo tiempo que un proceso de consulta inexistente, el gobierno ha estado en contacto con propietarios para comenzar a concretar convenios para la venta de sus terrenos y por ende efectuar la implementación de parques eólicos, restando la creencia de las comunidades, resuelto solo por su aprobación “esto es una violación clara a los estándares internacionales que han señalado son principios de buena fe”, señalo James Anaya en voz de Edmundo del Pozo.

Una de las propuestas es la reapertura del proceso de consulta, pues no es viable que la empresa antes de que exista una decisión si se realiza el proyecto o no ya esté negociando la colocación de los parques eólicos, eso no tiene transparencia, afectando al impacto ambiental que también ya fue aprobado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “convirtiendo la consulta en un mero trámite, existiendo también una vulneración”, comentó Edmundo del Pozo.

“La empresa quiere hacer ver beneficios que no bastan para mejorar la calidad de vida y la situación de pobreza histórica en la que se encuentran las comunidades, en lugar de dejar ver los beneficios que puede tener la producción de energía eólica”, dijo Edmundo del Pozo.

Uno de los puntos que más ha criticado James Anaya es que existe discriminación de las empresas hacia las comunidades, “ven con inferioridad sus tradiciones, prácticas culturales y el derecho de propiedad comunal sobre sus tierras, no entienden el contexto político y los riesgos de invertir en una población oprimida históricamente”.

Se ha enviado un documento al comité técnico demandando deficiencias, pues ya está llamando a la tercera fase que es la deliberativa, misma que no tendría por qué dar inicio puesto que no se ha tenido la organización del proyecto “no se ha cuestionado el carácter no previo de las consultas, el carácter de la imposición de los proyectos y la defensa del territorios, hemos sido hostigados, perseguidos y amenazados de muerte”, menciono Bettina Cruz en entrevista.

Edmundo del Pozo comentó que existe una crítica de suma importancia pues se tiene preferencia a particulares y empresas y no al territorio de las comunidades indígenas que sobrepasan los derechos humanos “hay una clara imposición del gobierno y de empresas para obtener beneficios y lucrar por encima de los derechos de las comunidades”, finalizo.

Tiene que existir un proceso adecuado tras una previa consulta a las comunidades en general, tomándolas en cuenta, no es realizar el proyecto a beneficio propio, tendrían que implementar medidas necesarias que vayan de la mano con los derechos humanos, más que representar sus intereses.