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Sunday 20 September 2020
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Discuten derecho a la consulta de los pueblos indios

El martes 8 de marzo se realizó en la Cámara de Diputados un panel de discusión para elevar a rango constitucional el derecho de los pueblos indios a la consulta, esto mediante la aprobación de la Ley General de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La iniciativa podría aprobarse en el actual periodo ordinario de sesiones, pero el panorama es al menos difícil dada la cantidad de intereses nacionales y extranjeros que pesan sobre los territorios indígenas. De aprobarse la iniciativa, ningún proyecto público o privado podría realizarse sin el consentimiento previo, explícito e informado de los pueblos indígenas afectados.

Uno de los participantes en el panel  fue el jurista e historiador español Bartolomé Clavero. Entre sus obras se encuentran Derecho indígena y cultura constitucional en América, Geografía Jurídica de América Latina, El Orden de los Poderes  y  Genocidio y Justicia: La Destrucción de las Indias, Ayer y Hoy. Consideró que el derecho a la consulta en México lleva al menos 20 años de retraso pues lo contempla el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) signado por México. Los Acuerdos de San Andrés, también son referente de este derecho que al dia de hoy, sigue esperando.

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El Mtro. Francisco López Bárcenas, investigador Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDERSSA) de Cámara de Diputados habla sobre la obra pública construía sobre suelo indígena.

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Senador del PAN Andrés Galván Rivas, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, considera que aunque se apruebe la Ley de Consulta, no habrá marcha atrás a los proyectos mineros que ya se implementan en perjuicio de las comunidades indígenas, dada la no retroactividad de las leyes.

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Como elemento extra, hay internacionalmente instrumentos legales para exigir la reparación del daño de las comunidades indígenas afectadas, sin embargo, uno de los obstáculos a los que se enfrenta son el actuar de los poderes fácticos como las empresas privadas y sectores de los gobiernos que se asocian para perseguir el negocio por encima del bien común.

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