El Estado debe respetar y proteger la protesta social: Leopoldo Maldonado abogado de Artículo 19

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Leopoldo Maldonado oficial del programa legal de Artículo 19, evaluó que las luces de alarma sobre detenciones arbitrarias durante actos de protesta social, se encendieron a partir del 1° de diciembre de 2012. Explicó Leopoldo, quién registró desde entonces las acciones “represivas” y una tendencia donde no sólo se manifestó en el uso injustificado de la fuerza policiaca. En aquél entonces, se registraron seis casos de tortura debidamente documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Maldonado también resaltó que otro foco rojo es la presentación de iniciativas legales de gobiernos locales y federales para inhibir las manifestaciones públicas.

En torno a ello, se aglutinó una coalición de organizaciones “por la libertad de expresión y la protesta social” de la cual Artículo 19 forma parte. Éste grupo elaboró un informe en el que resaltaron la “tendencia preocupante”, dijo, que se manifiesta no sólo en las calles sino en las redes sociales. “Con la Ley en Telecomunicaciones se pretendía imponer un cerco a las voces críticas, bloqueo de señales y vigilancia masiva, misma que se aprobó”, mencionó.

Para Leonardo, ésta situación se a recrudecido, pues no sólo son las detenciones sino que se aplican delitos federales muy graves que han dado pie a enviarlos a penales de máxima seguridad. Éste fenómeno, explicó Leonardo Maldonado, se ha replicado en los estado de Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Jalisco. Modelos que inhiben la manifestación pública y permiten el uso de la fuerza pública en manifestaciones públicas, “es un fenómeno que se extendió en los últimos meses”.

A finales del mes de noviembre, dos juzgados determinaron que las disposiciones 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad del DF es inconstitucional. Comentó el abogado, que a grandes rasgos, obligaban a dar aviso de 48 horas de anticipación a las autoridades, “demostrar que la manifestación tenía un fin perfectamente lícito”, “prohibía bloquear avenidas primarias” y también habilitaba a la policía del Distrito Federal para “aplicar las medidas necesarias en caso de que no se cumpliera con estas disposiciones”. Aclaró Maldonado que ésta resolución de los jueces de distrito, están en proceso de recurso de revisión.

Éstas legislaciones son contrarias a los derechos humanos reconocidas en la constitución y en los tratados internacionales, “debemos estar alerta de que al momento de que una Ley General de Movilidad comienza a discutirse, no se debe perder de vista cuáles son los término en los que se quiere aprobar”, agregó Leopoldo.
Artículo 19, realizó un monitoreo de medios y detectó que sobre todo en los masivos y comerciales, se reproduce una narrativa oficial en donde se consideran a quienes protestan como desestabilizadores, delincuentes, contrarios al estado de derecho, lo cual después justifica la actuación represiva de la policía y todas la legislaciones que pretenden inhibir la libre expresión y los derechos de asociación y reunión, explicó el oficial del programa legal de ésta organización de derechos humanos.

“No se trata de tener carta de buen conducta para ejercer un derecho”, Las autoridades tiene que respetar, proteger y garantizar las protestas que tiene fuertes críticas contra las instituciones del Estado.

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