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Saturday 26 September 2020
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En aumento la violencia contra mujeres periodistas: Informe jurídico de CIMAC

♦ DF concentra la mayor parte de las agresiones registradas en el período 2012-2013

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Se presentó en el Centro Cultural de España en México el informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, elaborado por la organización independiente de periodistas mujeres CIMAC. El informe denuncia la violencia ejercida contra mujeres periodistas y agrega que las comunicadoras además son víctimas de violencia institucional de género que muchas veces inicia con discriminación, continúa cuando las autoridades al no consideran su labor periodística como factor de la agresión, y persiste al negarles protección y justicia.

Para la presentación del informe asistieron Lucía Lagunes Huerta Directora de CIMAC, a la abogada Adriana Carmona López y a Yanunhen Rangel Medina coordinadora de redes de periodistas CIMAC. El informe es un análisis jurídico de casos ocurridos  entre 2012 y 2013.  En concreto analiza las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra  Ana Lilia Pérez Mendoza, así como  los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimac noticias.

La investigación del feminicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la Revista Proceso en Veracruz, tiene graves fallas procesales y de discriminación, como el mal resguardo de las evidencias, preservación y recolección de las pruebas, la identificación de testigos, así como tratamiento sexista, aspectos que han generado impunidad en el caso, reveló una investigación.

Por otra parte el estudio de Cimac analiza el caso de Lydia Cacho donde destacó la colusión del entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por las acusaciones contra la escritora que dieron pie a que fuera detenida y sometida a tratos inhumanos y degradantes en diciembre de 2005.

La periodista y activista Lydia Cacho señaló que la descalificación de las periodistas agredidas durante el proceso penal puede afectar de manera negativa la investigación de los casos de violencia y la valoración de las pruebas. Al poner en duda la palabra de las mujeres, el costo social se agrava en los casos en que estas sospechas son publicadas en los medios de comunicación ya que genera desconfianza, minimiza y pone en tela de juicio la declaración de las periodistas.

El Distrito Federal, con un 35%, concentra la mayor parte de las agresiones registradas en el período 2012-2013, si bien es cierto que en la capital del país -con un área metropolitana de 20 millones de habitantes- se concentran la mayoría de medios de comunicación. Veracruz, un estado considerado de los más peligoros para ejercer la práctica periodística y donde en febrero fue secuestrado y posteriormente asesinado Gregorio Jiménez, ocupa el segundo lugar, con el 17,4% de las agresiones. Le siguen Morelos (6%) y después Chiapas, Puebla y Oaxaca (5%).