Frente a abusos de megaproyectos mineros presentan manual de defensa para pueblos

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  • «No estamos en contra del desarrollo pero éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos», señaló María Colin
  • Megaproyectos violan derechos laborales, ambientales, de la salud, territorio y recursos naturales
  • El manual contiene acciones colectivas y aborda las tensiones que provoca la minería 

 

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Foto: Boca de polen

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La minería en México representa uno de los modelos más extractivos y depredadores para las comunidades. El gobierno concesiona territorios campesinos, ejidales e indígenas sin consultar a los pueblos, atentando así sus formas de organización, así como sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Ante este contexto, el Colectivo de Abogados y Defensores del Interés Público presentaron el manual Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, el cual busca ser una herramienta a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y Defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual que pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68% del capital invertido era de origen canadiense.

“A fines de 2014 se registraron un total de 25, 267 concesiones mineras, que, según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7 por ciento del territorio nacional, lo que ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”, señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes.

Por su parte, la abogada de Greenpeace María Colín señaló que hasta finales de 2014, el 68 por ciento de las concesiones mineras en México eran de capital canadiense; mientras que Miguel Ángel Mijangos, de la Red de Afectados por la Minería, indicó que aun cuando no hay cifras oficiales debido a la opacidad con que el gobierno mexicano toca el tema, se estima que hay entre mil 300 y mil 400 minas en México, muchas de las cuales dejan graves afectaciones al medio ambiente, a la salud de los habitantes y despojo de sus territorios a decenas de comunidades originarias.

Asimismo, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. señaló que “se han publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de desarrollo neoliberal y extractivo”.

Cabe destacar que el manual no sólo contienen acciones colectivas y de amparo para lograr la justicia ambiental, sino que también contiene información sobre qué son los DESCA, cómo estos son vulnerados por el Estado y la industria minera, así como la importancia en la defensa del territorio de las comunidades afectadas; el contexto actual de la minería en México; qué son las concesiones mineras; trámites; las afectaciones ambientales y a la salud de las comunidades y trabajadores, causadas por la minería y sus tóxicos; instrumentos jurídicos y no jurídicos que pueden servir en la defensa del territorio y ambiente frente a la minería.

También aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería y plantea que es a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales, que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos, pero también propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

Los principales derechos que se violan a consecuencia de los megaproyectos mineros son: los laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra, territorio y recursos naturales; consulta y consentimiento libre, previo e informado; la propiedad; libertad de expresión e información; participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas o equiparables, además, se violan el respeto a su cultura, su identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo.

“No se trata solamente de un manual, incluso informe, muy detallado y completo de las luchas integrales que llevan a cabo las personas, colectivos y movimientos sociales y populares en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías nacionales e internacionales; tampoco es solamente una demostración simple de cómo estas personas y colectivos defienden sus tierras y territorios frente a esa invasión de proyectos de inversión, es un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y territorios de esas invasiones. Mostrando cómo se puede llevar a la práctica el uso del crítico y creativo del derecho desde las propias luchas de las personas y movimiento; además de un manual, es un instrumento de aprendizaje para poder consolidar esas luchas”, señaló Miguel Concha Malo.

“Es importante aclarar que no estamos en contra del desarrollo pero éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las personas. No es válido implantar un modelo basado en el extractivismo, que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras formas y modelos de vida que se piensan arcaicos y que, por tanto, se condenan a la desaparición. Ese modelo lleva sólo al choque de visiones y detona conflictos y un clima de mayor violencia”, señaló María Colin, asesora legal de Greenpeace.

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