Gabinete de seguridad responsable de la fuga: Édgar Cortéz investigador del IMDHD

♦ Propuestas del IMDHD para fortalecer la seguridad

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La nueva segunda fuga del narcotraficante Joaquín (El Chapo) Guzmán de un penal considerado de máxima seguridad, ha dado un duro golpe a la administración peñista. Todo sucedió mientras el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Presidente Enrique Peña Nieto acompañados de otras cuatrocientas personas (pocos más) arribaban a su visita de estado en Francia.

Édgar Cortéz investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) valoró al respecto, que esta fuga evidencia: una crisis del sistema penitenciario (incluyendo los de máxima seguridad) vulnerable a la corrupción, segundo, la capacidad y recursos económicos para corromper todos los niveles de seguridad. En tercer lugar, la política indiscriminada de dar el mismo enfoque a un delincuente con cargos menores que a un delincuente como El Chapo. Por último, de no encontrar culpables, salvo dos o tres renuncias de funcionarios de bajo o medio nivel y que finalmente los principales responsables de la política interior, de la política de seguridad y penitenciaria seguramente no van a pagar las consecuencias de esta fuga.

Si de responsables se trata, señaló Cortéz, «el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García sería uno de ellos, lo mismo que el responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y evidentemente, hay una responsabilidad en el conjunto del gabinete encargados de la seguridad general en el país y la fuga de un criminal».

Para el especialista en temas de seguridad y justicia, algunos cambios fortalecerían a los cuerpos de seguridad donde la profesionalización de policías civiles, municipales y federales deben tener claro en cada paso que dan y en qué tiempo. Medida que conlleva a que los militares regresaran a sus cuarteles y dejaran de hacer labores de seguridad pública.

Un segundo elemento se recarga en la certeza de un sistema acusatorio que brinde a la población mexicana certeza. “El sistema penal acusatorio se supone debe estar funcionando en todo el país a más tardar en junio del año próximo con buena calidad.”

A lo anterior Tercero, se sumaría “hacer de la prisión un el último recuso y que a prisión solo vayan aquellos delincuentes realmente peligrosos que representan una amenaza para la sociedad, de forma que tengamos un sistema penitenciario que tenga a poca gente pero muy bien resguardad.”

En este sentido, Cortéz, comentó que “por cálculo político de los gobernantes no quieren empezar procesos que no les de dividendos en el corto plazo y procesos de mejorar la seguridad, de poner un alto a la violencia, de garantizar elecciones de justicia  no son de corto plazo, son procesos de mediano y largo plazo”. Aseguró que si bien no hay las condiciones de voluntad políticas, la sociedad es quien debe exigirlo, de lo contrario si se siguen postergando esas obligaciones, tiene consecuencias como la fuga del Chapo  o como la desaparición de los normalistas y de los más de cien mil muertos durante la guerra contra el narcotráfico.

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