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Friday 3 July 2020
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Haydée Pérez directora de fundar, expone las propuesta de #LaSociedadResponde

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Por Geraldina Lázaro

El estallido y encuentro social a partir de hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos extrajudiciales en Tlataya y otros como la investigación de la llamada  «Casa blanca» de Enrique Peña Nieto y la del Secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco han marcado sin duda alguna un referente en cuánto al despertar social del contexto en que vive día a día.

En el marco de estos acontecimientos, las propuestas ciudadanas en búsqueda de combatir la profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a garantías humanas en México, se ha puesto en marcha una agenda de 20 acciones llamada #LaSociedadResponde donde más de 30 organizaciones acusan insuficiencia de iniciativas por parte del Estado, como el decálogo para Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho” y la que se presentó en el mes de febrero sobre “Ocho Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar Conflictos de Interés”.

Haydée Pérez Directora del Centro de Análisis e Investigación, Fundar expresó la relevancia de implementar una plataforma como #LaSociedaResponde la cuál incluye las siguientes propuestas:

  1. Legislar integralmente, con participación de la sociedad civil y de las víctimas, en materia de desaparición forzada incluyendo la definición de tipos penales, penas y bases de coordinación; además de aspectos vinculados con un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros.
  2. Emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.
  3. Realizar una investigación independiente sobre el conflicto de interés del Presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mediante la activación de la facultad de control y fiscalización con la que cuenta el Poder Legislativo y con participación de la sociedad civil. Creación de una Comisión de Investigación Bicameral -que no cuente con mayoría de integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder- con una ruta de trabajo sólida con etapas y plazos definidos y que se reúna con sociedad civil e informe periódicamente de los avances. Una vez investigado el caso, deberá resolverse conforme a la Constitución.
  4. Profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, en una modalidad similar a de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
  5. Desincorporar los servicios periciales del ámbito de las procuradurías de justicia y fiscalías a efecto de garantizar su profesionalización e independencia.
  6. Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos creando estructuras especializadas para ello.
  7. Retirar las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales.
  8. Garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal, propiciando no sólo el cambio de normas sino también de prácticas.
  9. Retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Reconducir las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana con énfasis en la rendición de cuentas.
  10. Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pendiente desde sexenios pasados.
  11. Reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desarrollando estrategias específicas para la violencia generada por agentes estatales, como el caso de la tortura sexual.
  12. Aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales con altos estándares de protección de los derechos humanos que regulan, en procesos abiertos y con participación ciudadana.
  13. Garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, con instrumentos de evaluación y participación ciudadana, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lograr nombramientos de personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.
  14. Cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas para mejorar el proceso de asignación y uso de los recursos públicos de los gobiernos locales.
  15. Eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad.
  16. Difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente los legisladores, líderes de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel.
  17. Cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional de colaboración entre sociedad civil y gobierno presidida por México durante 2015.
  18. Transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta.
  19. Aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana.
  20. Evitar el avance de legislaciones federales y locales que, de manera directa o indirecta, buscan imponer regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación.

A decir de los que formaron parte de la presentación, El objetivo principal es colocar propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares.

El foro del pasado 26 de Marzo realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, se  ha planteado pasar del uso del hashtag a la acción colectiva, por ello invitan a la plataforma sociedaresponde.org a sumarse a una ola de propuestas que garanticen a largo plazo mejorar políticas públicas para la vida social, económica y cultural de los mexicanos.