Por Geraldina Lázaro
El estallido y encuentro social a partir de hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos extrajudiciales en Tlataya y otros como la investigación de la llamada «Casa blanca» de Enrique Peña Nieto y la del Secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco han marcado sin duda alguna un referente en cuánto al despertar social del contexto en que vive día a día.
En el marco de estos acontecimientos, las propuestas ciudadanas en búsqueda de combatir la profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a garantías humanas en México, se ha puesto en marcha una agenda de 20 acciones llamada #LaSociedadResponde donde más de 30 organizaciones acusan insuficiencia de iniciativas por parte del Estado, como el decálogo para Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho” y la que se presentó en el mes de febrero sobre “Ocho Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar Conflictos de Interés”.
Haydée Pérez Directora del Centro de Análisis e Investigación, Fundar expresó la relevancia de implementar una plataforma como #LaSociedaResponde la cuál incluye las siguientes propuestas:
- Legislar integralmente, con participación de la sociedad civil y de las víctimas, en materia de desaparición forzada incluyendo la definición de tipos penales, penas y bases de coordinación; además de aspectos vinculados con un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros.
- Emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.
- Realizar una investigación independiente sobre el conflicto de interés del Presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mediante la activación de la facultad de control y fiscalización con la que cuenta el Poder Legislativo y con participación de la sociedad civil. Creación de una Comisión de Investigación Bicameral -que no cuente con mayoría de integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder- con una ruta de trabajo sólida con etapas y plazos definidos y que se reúna con sociedad civil e informe periódicamente de los avances. Una vez investigado el caso, deberá resolverse conforme a la Constitución.
- Profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, en una modalidad similar a de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Desincorporar los servicios periciales del ámbito de las procuradurías de justicia y fiscalías a efecto de garantizar su profesionalización e independencia.
- Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos creando estructuras especializadas para ello.
- Retirar las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales.
- Garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal, propiciando no sólo el cambio de normas sino también de prácticas.
- Retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Reconducir las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana con énfasis en la rendición de cuentas.
- Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pendiente desde sexenios pasados.
- Reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desarrollando estrategias específicas para la violencia generada por agentes estatales, como el caso de la tortura sexual.
- Aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales con altos estándares de protección de los derechos humanos que regulan, en procesos abiertos y con participación ciudadana.
- Garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, con instrumentos de evaluación y participación ciudadana, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lograr nombramientos de personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.
- Cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas para mejorar el proceso de asignación y uso de los recursos públicos de los gobiernos locales.
- Eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad.
- Difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente los legisladores, líderes de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel.
- Cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional de colaboración entre sociedad civil y gobierno presidida por México durante 2015.
- Transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta.
- Aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana.
- Evitar el avance de legislaciones federales y locales que, de manera directa o indirecta, buscan imponer regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación.
A decir de los que formaron parte de la presentación, El objetivo principal es colocar propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas con base en lecciones aprendidas y experiencias exitosas de otros países que han pasado por crisis similares.
El foro del pasado 26 de Marzo realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, se ha planteado pasar del uso del hashtag a la acción colectiva, por ello invitan a la plataforma sociedaresponde.org a sumarse a una ola de propuestas que garanticen a largo plazo mejorar políticas públicas para la vida social, económica y cultural de los mexicanos.
