Histórica resolución ante amparo solicitado por comunidad indígena contra actividades mineras

♦ Exigen que la SCJN revise inconstitucionalidad de la actual Ley Minera

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Fuera empresas mineras

Por Geraldina Lázaro

La comunidad Me´phaa de San Miguel de Progreso en el estado de Guerrero, obtuvo un amparo ante las empresas mineras que amenazan su territorio. Luego de comprobar que se encontraba en riesgo, la Asamblea Comunitaria determinó impugnar legalmente las concesiones mineras, considerando que la comunidad ya había acordado en una Asamblea Agraria no dar su aprobación a la realización de actividades de exploración y explotación minera, registrando dicho acuerdo en un Acta fechada el 17 de abril de 2011, que fue debidamente inscrita ante el Registro Agrario Nacional hasta el 13 de septiembre de 2012.

No fue sino hasta 2013 que se interpuso una demanda de amparo en donde se solicita por primera vez que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es en febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena.

Actualmente, la Ley Minera (reformada en 1992, previa firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) permite a los concesionarios explorar o explotar las tierras por 50 años, y hasta por 1 siglo en caso de que el interesado solicite una prórroga. Además las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. Las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales por cada hectárea concesionada.

Isidoro Vicario Aguilar del área jurídica del centro de derechos humanos Tlachinollan explicó San Miguel del Progreso también presentó el recurso de revisión para buscar que en esta segunda instancia se analice la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera vigente.

El Centro de Tlachinollan, informó que, de las 700 mil hectáreas que integran la región de la Montaña de Guerrero, unas 200 mil están concesionadas a empresas mineras, la mayoría extranjeras. Las concesiones más grandes son Corazón de las Tinieblas y Reducción del Corazón de las Tinieblas, que comprenden 43 mil 700 hectáreas, de capital británico con sede en Perú; La Diana, de 16 mil hectáreas, de capital  canadiense, y Toro Rojo, de poco más de 9 mil hectáreas, de la empresa Montero Minas.

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