Jaime Martínez Veloz evalúa posibilidades para realizar importantes reformas indígenas

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♦Se presentará en febrero un borrador que debe ser enriquecido por los indígenas

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En entrevista para Chiapas Expediente Nacional, Jaime Martínez Veloz explicó los elementos necesarios para realizar “reformas de gran calado” en el mundo indígena. Para tal efecto, sería necesaria “una estrategia en tres líneas de trabajo: reformas de carácter Constitucional, la elaboración de la Ley de Consulta Indígena y la Reforma a la Ley Minera, que es un compromiso del pacto por México”.

En opinión del actual Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la incorporación de los Acuerdos de San Andrés es una necesidad pendiente que constituye un aspecto central de su iniciativa. Consideró que “ya existe un marco para hacerlo posible, pues el día 12 de Diciembre del años pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el compromiso de armonizar la Legislación Nacional con los Tratados Internacionales y con la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos indígenas”.

Puntualizó que “estos temas eran tabú, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha abordado, dotando de instrumentos para que los juzgadores tomen en cuanta para casos indígenas”. Por otro lado, dijo que “nos respaldamos en las recientes recomendaciones de la ONU sobre la Ley de Consulta Indígena. A la par, la SCJN estableció ya que todas las resoluciones de la Corte Interamericana causan jurisprudencia en nuestro país. De esta manera, se podría hacer un giro en el marco jurídico y dar cabida a una nueva relación entre el Estado Mexicano y los pueblos originarios”.

Martínez Veloz destaco que trabaja en coordinación con el Centro de Estudios de Opinión del Congreso de la Unión, para que junto con la Comisión de Asuntos Indígenas de las Cámaras de Diputados y Senadores y La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), se pueda dar un “esquema nacional de respaldo para los pueblos, que hasta hoy no tienen”.

Comentó que en los últimos 3 sexenios, se entregaron en materia de concesiones mineras 96 millones de hectáreas, que es casi la mitad del país, lo que  ha generado focos de tensión social. Por ello, “buscamos normas que permitan procesar diferencias y construir acuerdos, aunque nuevas tensiones surjan”.

Para concluir, hizo hincapié en que su propuesta para la Ley de Consulta Indígena es un borrador, por lo que debe enriquecerse, observarse y adecuarse: “los instrumentos que tienen los pueblos, aunque son importantes, son débiles aún porque no existe un marco jurídico nacional que consolide derechos y que les permita construir una mejor forma de vida. Hay dos formas de lograrlo: por la vía tradicional, con patrones de negociación de expulsión de los pueblos de cualquier negociación horizontal o colegiada, o construir otra para que sea reconocido su derecho a decidir con plena capacidad si están de acuerdo o no con un proyecto”. 

 

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