Llaman organizaciones a eliminar campaña «Se busca por robo» del IFT que criminaliza radios comunitarias

  • Transmitir sin concesión, no es un delito; el IFT lo confirma: Redes por la Diversidad
  • El instituto desempeña el papel de «soplón» ante autoridades: Joaquín Palma del CNCI
  • Creación de concesiones de uso social, se opaca ante la inhibición y estigma: Adriana Solórzano de AMDA
  • Se trata de un desplegado de la CIRT firmado por el IFT: Héctor Camero de AMARC México

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Fotografía de Francia Gutierrez

 

Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la comunicación comunitaria en México, manifestaron su rechazo a la campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos.”, que desde el 18 de marzo ha sido transmitida en diversos medios de comunicación a nivel nacional.

Blanca Cruz de Redes por la Diversidad A.C. señaló que “por tratarse de información falsa y por utilizar un lenguaje que violenta derechos humanos, derechos colectivos así como por amenazar la libertad de expresión, criminalizar y dañar la imagen pública de comunicadores y medios comunitarios e indígenas, el 28 de marzo representantes de organizaciones sociales enviaron una carta a Edgar Yemán García Turincio, Coordinador General de Comunicación Social del IFT, en donde se señala que si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Art. 298 establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión constituye una infracción de tipo administrativo, no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo.”

En esta carta también se exhortó al IFT de retirar la campaña “SE BUSCA POR ROBO”. En su respuesta del 4 de abril, el mismo Yemán reconoce que transmitir sin concesión no es delito ni robo, al señalar que “… la campaña fue diseñada con el objetivo de concienciar sobre la importancia de contar con una concesión para proveer servicios de radiodifusión, a fin de evitar afectaciones a la sociedad y las consecuencias que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: pérdida en beneficio de la Nación de bienes, instalaciones y equipos empleados, además de sanciones económicas”.

Sin responder a la exigencia de retirar la campaña, Yemán señala que el IFT invita a la regularización de las radios sin concesión incorporando en la campaña la dirección electrónica del portal del Instituto. Esto es claramente insuficiente, pues se requiere información y difusión constante, adecuada y culturalmente pertinente para las comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, es urgente que se impulsen las obligaciones de pluralidad de contenidos en los concesionarios existentes, lo cual aún no ha sucedido, lo mismo que la publicación de los lineamientos sobre derechos de las audiencias detenida desde hace meses.

Por otro lado, Adriana Solórzano en representación de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) expresó su preocupación por una campaña como la que ha iniciado el IFT, agregó que “el reconocimiento que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) ha dado a los medios comunitarios a través de la creación de concesiones para uso social, se ve opacado y pierde sentido si el órgano regulador en lugar de fomentar y apoyar su creación y regularización, se dedica a inhibir, amenazar y estigmatizar.”

El comunicador, Héctor Camero de AMARC-MX, dijo que se trata de un desplegado de la CIRT por el lenguaje “grosero” y que señala a las radios comunitarias como criminales. Añadió que esperaban un Instituto que atendiera el enorme rezago en el sector social de la comunicación y el rezago de las radios indígenas que han solicitado su incorporación a la “legalidad”. Camero, comentó que tan sólo AMARC tienes pendiente 30 expedientes de radios en tránsito a concesionarios, de las cuáles no se ha otorgado ninguna por parte del IFT.

Del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), Joaquín Palma declaró que desde que se inició el diálogo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no ha habido voluntad para establecer criterios donde las radios y organizaciones tengan la posibilidad de regularizarse, “el IFT se ha comportado únicamente como soplón frente a las autoridades judiciales.”

Durante la conferencia de prensa, también se dijo que paralelo a la publicación de esta campaña de detectó el allanamiento de alrededor de 30 emisoras, aunque ninguna de carácter comunitaria o indígena.

Desde la Red de Comunicadores Boca de Polen, respaldamos la labor de los medios comunitarios e indígenas y rechazamos la campaña “SE BUSCA POR ROBO”, que desinforma y promueve un trato criminal a las estaciones radiofónicas sin concesión, difamando además su actividad, sin hacer distinción de las temáticas diversas de las radios sin concesión. Vale la pena mencionar dos hechos recientes de suma importancia en cuando medios de comunicación y pueblos indígenas se refieren.

El primero de ellos, el amparo del escritor y poeta Mardonio Carballo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  el pasado 20 de enero, donde se declaró inconstitucional una parte del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde señala que “las radiodifusoras comerciales harán uso del idioma nacional”, limitando así el uso de las lenguas originarias.

El segundo hecho, es aún más reciente y se trata de la modificación al artículo 230, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos Lingüístico. La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos esta modificación el pasado 29 de marzo y que ya se ha turnado al Senado de la República. Con esta reforma, se permite y reconoce el uso de lenguas indígenas en las radiodifusoras concesionarias del país.

Boletín de Prensa IFT

Carta dirigida al IFT

Carta respuesta del IFT a Organizaciones

 

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