Nestora Salgado, presa por denunciar al crimen

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Por Revista Hashtag

Nestora Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013 en el municipio de Olinalá, Guerrero, por elementos del Ejército, la Marina y las policías Estatal y Municipal. Días antes, el 16 de agosto, la Policía Comunitaria de la localidad detuvo al síndico procurador Armando Patrón Jiménez, por el delito de abigeato,  también acusado por ocultar información con respecto al asesinato de dos ganaderos.

Patrón Jiménez fue trasladado a la Casa de Justicia de Paraíso, Nestora, como coordinadora de la PC de Olinalá, fue la encargada de realizar los trámites para que éste recibiera reeducación. Sin embargo, fue detenida sin orden de aprehensión por las fuerzas armadas por el secuestro de Armando Patrón, quien, posteriormente, se retractó de esta acusación.

Después se le imputó un cargo por el secuestro de seis jóvenes presuntamente menores de edad, Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar, Yesenia Castillo Meza y Ramiro Santiago Martínez, pero los padres de éstos no pudieron sostener las acusaciones. Ahora se le culpa de participar en actividades del crimen organizado. Desde el momento de su detención sus derechos civiles y humanos fueron violados, se la mantuvo incomunicada y en condiciones infrahumanas; cinco días después la familia se enteró que se encontraba en este penal de alta seguridad.   Como ciudadana norteamericana, tampoco se le notificó a la embajada estadounidense de su detención.

Varias organizaciones se han sumado a su defensa y denuncia de la violación de sus garantías individuales, además, el apoyo ha ha extendido a otros países como República Dominicana, Costa Rica, Argentina y Australia. El director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seatle, EU, Thomas Antkowiak y sus esposa. la abogada Alejandra Gonza, solicitaron medidas cautelares para Nestora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la protección de sus derechos fundamentales, su liberación inmediata y medidas de protección a su familia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, en sus 116 páginas no se refiere a ninguno de los comunitarios presos: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Samuel Ruiz Galván, Euleterio García, Florentino García, Abad Francisco, Benito Morales Justo, Rafael García, José Leobardo Maximino, Cano Morales Antonia, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Tampoco se menciona a Salgado García. 

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