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Tuesday 22 September 2020
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Por amenazas, sale del país defensor de Derechos Humanos de Tlachinollan

El pasado 22 de mayo en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por las amenazas de muerte contra el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Aunque la Procuraduría General de Justicia ha iniciado investigaciones y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales, el abogado se ha visto en la necesidad de salir del país.

Vidulfo Rosales ha acompañado la defensa de los casos de los campesinos opositores a la Presa La Parota, de las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo abusadas sexualmente por miembros del Ejército; el caso de los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa por las violaciones a sus derechos humanos durante el desalojo de la Carretera del Sol el 12 de diciembre de 2011.

Es de este último caso del que se han derivado la mayoría de las amenazas al abogado de la organización Tlachinollan; el origen de ellas está relacionado a la destitución de diversas autoridades gubernamentales en la entidad.

El 27 de marzo de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 1VG/2012 sobre la investigación especial que realizó por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas el 12 de diciembre de 2011 en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, contra estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”. El documento incluye treinta puntos que deberían ser atendidos por el gobierno de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Congreso Estatal, al que se pide colaboración para tramitar una denuncia de juicio político al exprocurador local y al exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero.

A la fecha, de acuerdo con el semanario Proceso, son siete los exfuncionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero que se encuentran bajo proceso penal.

Además de las amenazas recibidas por Vidulfo Rosales, por el caso Ayotzinapa también se han presentado agresiones en contra de los dirigentes de la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural. El 28 de mayo, Juan José Reyes Aguilar, Diego Castro Domínguez y Juan Salgado Nájera mencionaron que desde el desalojo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, no han cesado las amenazas y el hostigamiento hacia ellos. El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan comenta que los estudiantes corren el riesgo de ser aprehendidos debido a que se encuentran acusados por delitos a las vías generales de comunicación.

En atención a la falta de seguridad, el abogado se refugiará en Washington y desde este lugar continuará con su labor en la defensa de los Derechos Humanos.

En el estado de Guerrero las agresiones a defensores de Derechos Humanos se han acrecentado en años recientes. Esta situación queda evidenciada a través de casos como los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurridas en 2009; las amenazas contra Abel Barrera, reiteradas desde 2010; la desaparición de Eva Alarcón y de Marcial Bautista en 2011 y la criminalización de Maximino García Catarino en 2012.

Adriana Aguilar

Escucha el reportaje sobre este caso

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