Queda asentado en CIDH posibles afectaciones a pueblos indígenas por aplicación de la Reforma Energética

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Por Geraldina Lázaro

En el marco del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Prodesc y Greenpeace informaron a las y los Comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México. Especialmente a los pueblos indígenas.

Durante la Audiencia, Dante Emanuel del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) expuso la situación sobre la Consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza. Mencionó que las leyes creadas a partir de la reforma en materia energética contemplan la realización de procesos de consulta de acuerdo a los estándares que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y de extracción de hidrocarburos.

«El municipio de Juchitán de Zaragoza se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, donde durante las últimas décadas se ha impulsado un plan de desarrollo de parques de generación de energía eólica. La construcción de los parques eólicos ha implicado la violación de derechos humanos de las comunidades, en particular, los de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y por lo tanto, al derecho a la libre autodeterminación.

La Autoridad Responsable en la realización de este proceso está encabezada principalmente por la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependencia de la Secretaría de Energía, así como por el municipio de Juchitán y la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca, además, participan otras nueve instancias de gobierno.

A pesar de que en México se han desarrollado otras consultas indígenas, ésta busca marcar un precedente por su diseño y por el involucramiento de las instancias de gobierno para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y de extracción de hidrocarburos.» Señaló Dante Emanuel.

Ante los diversos señalamientos por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos, solicitaron, entre otras cosas, Que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso.

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